Aspira hijo de Miriam, a encabezar Comisión de Búsqueda

Luis Héctor Salinas Rodríguez, hijo de la activista Miriam Rodríguez asesinada en mayo del 2017 en San Fernando, Tamaulipas busca dirigir la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas

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Por Lupita Domínguez G.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Luis Héctor Salinas Rodríguez, hijo de la activista asesinada en San Fernando, Tamaulipas Miriam Rodríguez Martínez, busca encabezar la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas al considerar que como afectado tiene la sensibilidad para encabezar dicha responsabilidad.

“Si se me da la confianza, creo poder y quiero ayudar en este tema que venimos trabajando desde años atrás, esperemos que haya funcionalidad en la Comisión”, señaló para después indicar que estos cargos deberían estar ocupados por gente que tiene la sensibilidad porque ha pasado por esto y no se revictimice y conozca del tema.

Entrevistado en el Congreso del Estado, mencionó que cuenta con el apoyo de los miembros de los distintos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para encabezar dicha comisión, aunque reconoció que son las autoridades de quienes depende esta decisión.

Salinas Rodríguez, refirió que su incursión en este tema inició con la desaparición y búsqueda de su hermana Karen Alejandra Salinas Rodríguez a quien su madre buscó afanosamente y al final la encontró en una fosa en San Fernando y también dio con el responsable de quien atentó contra su vida llevándolo a la cárcel.

“Todo esto empezó a raíz de la desaparición de mi hermana Karen Alejandra Salinas Rodríguez en 2012 en San Fernando y de ahí se desencadena toda esta labor de mi mamá y se suma a esta actividad de la búsqueda de justicia por encontrar a mi hermana, gracias a Dios la encontramos, no como quisiéramos, pero al menos se fue mi mamá con la satisfacción de haber encontrado a su hija”, finalizó.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas,  es un órgano desconcentrado de la Procuraduría deJusticia del Estado, cuyo titular será designado por el Congreso del Estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

 

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